Colombia: Alerta máxima por defensores de derechos humanos, 972 asesinatos en una década exigen acción inmediata
Colombia enfrenta una crisis humanitaria que no da tregua. A pesar de los avances en el proceso de paz con las FARC, el país sigue siendo uno de los territorios más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos, los territorios y el medio ambiente. La violencia contra líderes sociales, indígenas y afrodescendientes no solo persiste, sino que se ha recrudecido en los últimos años, dejando un rastro de dolor y desolación en comunidades que claman por justicia y protección.
Los datos son contundentes: entre 2022 y 2025, más de 460 defensores de derechos humanos fueron asesinados, una cifra que supera con creces los registros de años anteriores. En 2016, el país registraba 61 homicidios de este tipo; para 2023, la cifra se había disparado a 186. Detrás de estos crímenes, según las investigaciones, se encuentran grupos armados ilegales que operan en zonas estratégicas, disputándose el control de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas. Las disidencias de las FARC, el ELN y otras estructuras criminales han llenado el vacío dejado por la desmovilización de la guerrilla, mientras el Estado no ha logrado consolidar una presencia efectiva en estos territorios.
Las víctimas no son casos aislados. La violencia se concentra en regiones como Cauca, Nariño, Antioquia y Chocó, donde la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia de instituciones estatales han creado el caldo de cultivo perfecto para la impunidad. Los pueblos indígenas y afrodescendientes son los más afectados, con un impacto diferenciado que amenaza su supervivencia cultural y física. Líderes comunitarios que defienden sus tierras de proyectos extractivos o denuncian la presencia de grupos armados son señalados, amenazados y, en muchos casos, ejecutados. Sus muertes no solo silencian voces críticas, sino que desarticulan tejidos sociales enteros, dejando a las comunidades en un estado de vulnerabilidad extrema.
El patrón es claro: la mayoría de los presuntos responsables de estos crímenes pertenecen a organizaciones armadas ilegales, aunque también se han documentado casos en los que actores estatales o empresariales estarían involucrados. Lo más preocupante es que, en más del 90% de los casos, los asesinatos quedan en la impunidad. Las investigaciones avanzan con lentitud, cuando no se archivan por falta de pruebas o recursos, y las medidas de protección para los defensores suelen ser insuficientes o llegan demasiado tarde.
Ante este panorama, la comunidad internacional ha alzado la voz para exigir acciones concretas. Se requiere, con urgencia, que el Estado colombiano implemente políticas públicas integrales que vayan más allá de la militarización de los territorios. Esto implica fortalecer la presencia institucional en las zonas más afectadas, garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, y abordar las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades económicas. También es fundamental que se proteja de manera efectiva a los defensores de derechos humanos, con esquemas de seguridad adaptados a sus realidades y no solo con escoltas o chalecos antibalas.
El llamado es claro: si no se actúa ahora, la violencia contra quienes defienden la vida y el territorio seguirá cobrando vidas, erosionando la democracia y profundizando la crisis humanitaria. Colombia no puede permitirse otro año de retrocesos. La paz no se construye solo con acuerdos firmados, sino con acciones que garanticen que quienes arriesgan todo por defenderla puedan vivir sin miedo. El tiempo de las palabras se agotó; es hora de que las promesas se conviertan en hechos.
